Izquierda Unida, a través de su Área Federal de Educación, apuesta por la redacción de una “nueva Ley de Universidades consensuada con el conjunto de la comunidad educativa”. IU recoge de esta manera el guante tras el comunicado dado a conocer el pasado miércoles por la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) en el que demandan también esta nueva norma orgánica.
Enrique Díez, coordinador del Área Federal de Educación de IU, explica que esta formación “se suma a la demanda de la comunidad universitaria como Uni-Digna, el Foro de Sevilla y tantos otros colectivos que reivindican una Universidad al servicio del bien común y comprometida socialmente”.
“Estamos manifiestamente en contra -afirma- de la mercantilización y la privatización propiciadas por las políticas neoliberales y conservadoras que han convertido las universidades en empresas expendedoras de títulos, han devaluado la función docente y han sumido en la precariedad más absoluta a una parte muy considerable del profesorado”.
Ante la demanda concreta de la Conferencia de Rectores solicitando ‘a todas las instancias políticas parlamentarias que pongan a la Universidad española en el frontispicio de su acción política’, IU responde “situándonos frente al enfoque cada vez más neoliberal y menos universal y científico de la Universidad. Nos unimos al clamor de la comunidad universitaria para reclamar otra Universidad Pública posible, entendida como servicio al bien común y a la sociedad, para contribuir a hacerla más justa, más sabia, más equitativa, más sostenible, orientada a la formación de personas creativas y críticas con una elevada formación cultural, científica y profesional”, en palabras de Díez.
Izquierda Unida plantea y asume este decálogo de mínimos de cara a concretar esa nueva Ley de Universidades consensuada con la comunidad universitaria:
1. Gratuidad: Establecer como objetivo la gratuidad de los estudios universitarios, priorizándola en los de Grado. Garantizar, con carácter inmediato, que las tasas universitarias no sean superiores a las de las anteriores licenciaturas. Equiparación de los precios públicos en los postgrados a los precios vigentes en los grados.
2. Planificación de la oferta de plazas universitarias acorde con las necesidades sociales y no sólo en función de la demanda voluble y temporal del mercado, configurando un mapa universitario consensuado que garantice, en la medida de lo posible, el acceso libre a la opción de estudios elegida y siempre a través de una universidad pública.
3. Acceso libre y gratuito a la Educación Superior sin pruebas de acceso generalizadas de carácter selectivo (“reválidas, EBAU, etc.”). En caso de limitación de acceso, éste se debería basar en la calificación obtenida en los estudios previos, normalizada por los centros.
4. Revisar el sistema de titulaciones, evitando supeditar su planificación a los intereses exclusivos de las empresas privadas y garantizando una formación global, polivalente, laica y científica de los estudiantes, para que en un futuro puedan reorientar su actividad profesional y puedan desarrollar los conocimientos adquiridos y su capacidad investigadora en la construcción de una sociedad más justa y mejor al servicio de toda la humanidad.
5. Sistema generalizado de becas-salario que posibiliten la plena dedicación al estudio de todo el estudiantado universitario sin depender de su familia, especialmente destinado al acceso de los sectores económicamente desfavorecidos. El estudio es una actividad socialmente útil, y por lo tanto debe ser retribuido, con sujeción naturalmente a responsabilidad en su desempeño, regulando a tal efecto la continuidad de los estudios universitarios.
6. Autonomía y autogobierno democrático universitario: Defendemos una Universidad gestionada por la propia comunidad universitaria, superando los modelos empresariales centrados en costes y rendimientos, potenciando la participación y la corresponsabilidad de sus miembros, mediante la toma colegiada de decisiones y la electividad de sus cargos. Se debe equilibrar la representación democrática de todos los sectores universitarios en los órganos de gobierno, incrementando el peso del estudiantado y del PAS. Conversión de los Consejos Sociales en órganos de colaboración y control, por parte de la sociedad civil comprometida socialmente, respecto a la utilización de los recursos públicos en las Universidades y la orientación de los objetivos de las mismas hacia intereses sociales generales: la preservación del planeta y sus recursos naturales, la paz, la justicia social, la economía para el bien común, la igualdad de género...
7. Mejora de las condiciones docentes y de investigación: Supresión de la contratación precaria y dignificación de salarios, dotando a todas las Universidades Públicas de recursos y personal suficiente para poder llevar a cabo una docencia personalizada y atenta al desarrollo académico y una investigación rigurosa.
8. Formación didáctica como docentes: Formación didáctica inicial obligatoria para el profesorado universitario novel de 60 créditos: ser buen investigador/a es condición necesaria, pero no suficiente, para ser buen profesor/a de Universidad. Formación permanente sobre su propia práctica docente y las necesidades formativas que se tendrá en cuenta en los procesos de promoción. Facilitar las condiciones y recursos necesarios para que la docencia pueda desarrollarse con metodologías activas y participativas, en pequeños grupos, seminarios y tutorías. Reducción significativa de la ratio alumnado-profesorado.
9. Evaluación justa de la producción científica sobre la base de modelos de Ciencia Abierta u ‘Open Science’ para el bien común y la paz, que fomenten el carácter social y colaborativo de la investigación, priorizando las publicaciones de acceso abierto, en consonancia con el mandato europeo ‘Horizonte 2020’. Evaluación de la actividad docente universitaria mediante intercambio y deliberación para la mejora y la autoevaluación, que valore la acción formativa del profesorado.
10. Garantizar una financiación pública de la docencia y de la investigación en las Universidades Públicas del 2% del PIB, que garantice la suficiencia económica y no obligue o se supedite a depender de otras fuentes de financiación privadas que condicionen su independencia y rigor.
