Izquierda Unida registra esta iniciativa en el Congreso tras descubrirse la creación de una plaza extra a las 35 de la convocatoria inicial para fiscal que, curiosamente, ha sido adjudicada a Sofía Marchena, hija de Manuel Marchena, sin tener que examinarse de nuevo
La hija de este destacado magistrado del Alto Tribunal eligió voluntariamente en 2016 la carrera judicial, en lugar de la carrera fiscal, para la que había plazas vacantes en aquel momento. Dos años después, llama la atención que haya optado por la carrera fiscal, donde se creó la plaza extra que finalmente se le ha adjudicado a ella.
IU coincide con un significativo número de juristas en el hecho de que, al decantarse por la carrera judicial, Sofía Marchena debería haberse examinado de nuevo, como es la praxis habitual para miles de personas que se examinan cada año para las plazas del sistema público. De confirmarse los hechos denunciados, no habría optado así a esta plaza en igualdad de condiciones respecto al resto de opositores a la carrera fiscal, sino de forma privilegiada según los indicios conocidos. Además, el proceso incurre en una modificación arbitraria de la oferta de plazas de fiscales para 2018, que era de 35 y no de 36.
Otro supuesto hecho grave ha sido la modificación de la nota de Sofía Marchena Parea, quien aprobó la oposición en 2016 con una nota de 68,20, pero en el listado publicado en el BOE del 25 de julio de 2018 su nota es de 52,31.
Por todo ello, el coordinador general y portavoz de IU en el Congreso, Alberto Garzón, ha exigido también por escrito al Gobierno en otra iniciativa que dé a conocer “las razones por las cuales se asignó una nota distinta a la aspirante Sofía Marchena Parea, así como las razones por las que se decidió crear una plaza adicional de fiscales en la presente convocatoria”.
Garzón solicita, además, información sobre en qué soporte legal se ampara la creación de esa plaza adicional.
Junto a estas demandas, el máximo responsable de IU plantea una batería de cuestiones a esclarecer: "¿Dónde está esta autorización?, ¿de qué partida presupuestaria se acordó extraer la dotación de fondos adicionales que ello habría conllevado, así como su cambio de destino o uso, y dónde consta documentados?, ¿cuáles son la fecha y los acuerdos por los que el Ministerio de Justicia autorizó la transformación de una plaza inicialmente prevista para jueces en una plaza para fiscales?"
Por último, emplaza al Ministerio de Justicia a investigar y esclarecer si con esta actuación se perjudicó a algún otro aspirante a juez o fiscal.
Frente a esta opacidad, Izquierda Unida apuesta por esclarecer los hechos, que ponen en cuestión la transparencia y la profesionalidad de los máximos responsables del Poder Judicial y exige responsabilidades en el caso de que se certifique que hubo irregularidades, como denuncian las asociaciones de jueces.
