La organización insta al Gobierno a clarificar el reciente Real Decreto, que sigue tratando a las personas sin permiso de residencia como 'ciudadanía de segunda' y que no precisa las consecuencias que tendrá en colectivos extranjeros como embarazadas, menores de edad y mayores de 65 años reagrupados. La diputada Eva García Sempere recuerda que, hace dos años, la postura del PSOE en la oposición era más garantista con estas personas.
Izquierda Unida, a través de su diputada por Málaga, Eva García Sempere, ha denunciado que la reforma del nuevo Real Decreto Ley 7/2018, de 27 de julio, sobre el acceso universal al Sistema Nacional de Salud, no sirve para resolver la exclusión sanitaria que sufren desde hace años las personas sin permiso de residencia: “Ni siquiera se vuelve a la situación anterior a 2012, cuando tenían tarjeta sanitaria, igual que el resto”. Entre otros servicios, el hecho de tener tarjeta sanitaria garantiza un acceso igualitario a las prestaciones farmacéuticas, las consultas con los especialistas, etc. IU considera “insuficiente” la reforma llevada a cabo, que se queda “muy por debajo de lo que tan sólo hace dos años pedía este mismo partido”.
La diputada malagueña, que ha estudiado el texto del PSOE junto a la Red de Activistas de Salud, se muestra “profundamente preocupada por los problemas que la nueva legislación no corrige y los que incluso podría agravar”.
Además, el texto tendrá consecuencias directas sobre las personas mayores de 65 años reagrupadas. IU entiende que la reforma de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud no les garantizaría la asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos. “Se pretende seguir exigiendo tener un seguro médico privado a las personas mayores que han obtenido el permiso de residencia por reagrupación familiar”, ha criticado García Sempere. Según la parlamentaria, “significa una contradicción normativa y ética que se pueda obtener el permiso de residencia para los padres y madres cuando su estado de salud requiere cuidados y, después, el Estado no se haga cargo de la asistencia sanitaria necesaria”.
Esta norma afecta también a los extracomunitarios que son reagrupados por una persona española. E igual ocurre con las reagrupaciones realizadas por no comunitarios residentes en nuestro país, a quienes también se les exige un seguro médico privado para poder reagrupar a las personas ascendientes a cargo.
El nuevo real decreto tampoco garantiza claramente el derecho con cargo a fondos públicos de las mujeres embarazadas y de menores con residencia inferior a 90 días, puesto que no deroga la disposición adicional segunda del Real Decreto 1192/2012, de 3 de agosto, que regula la condición de persona asegurada y de beneficiaria a efectos de la asistencia sanitaria en España. En opinión de IU, existe una contradicción entre la disposición previa y la nueva redacción del punto dos del artículo tercero de la Ley16/2003.
Además de estos perfiles concretos, “debemos construir un marco en el que las Comunidades Autónomas que asuman el mandato de garantizar el acceso puedan hacerlo sin problemas y para que las Comunidades Autónomas que se empeñen en prácticas de exclusión no tengan resquicios para desplegarlas sistemáticamente y tengan que obedecer el mandato de inclusión, algo que tampoco se garantiza actualmente”, ha reivindicado García Sempere.
Izquierda Unida insta al Gobierno a clarificar estos puntos cuanto antes, presentando un borrador de la reglamentación pendiente según el punto 1 del artículo 3bis de la Ley 16/2003 antes de la votación de este RDL en el Congreso o, en su defecto, a modificar el RD 240/2007 y el RD 577/2011, así como a derogar la disposición segunda del RD 1192/2012.
Además, múltiples voces –desde los colectivos médicos y sanitarios hasta las plataformas de defensa de la Sanidad Pública– han pedido reiteradamente, por razones de justicia y humanidad, la modificación de estas leyes o su desarrollo con el fin de paliar los efectos negativos que produce, sobre todo entre los colectivos sociales más desfavorecidos y afectados por la crisis.
Al margen de las críticas, Izquierda Unida valora el cambio de concepto que significa que sea el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad el que reconozca a partir de ahora el derecho a la asistencia sanitaria a toda la ciudadanía, así como que desaparezca la figura de persona beneficiaria pasando a ser toda la ciudadanía titular de su propio derecho.
La diputada malagueña, que ha estudiado el texto del PSOE junto a la Red de Activistas de Salud, se muestra “profundamente preocupada por los problemas que la nueva legislación no corrige y los que incluso podría agravar”.
Además, el texto tendrá consecuencias directas sobre las personas mayores de 65 años reagrupadas. IU entiende que la reforma de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud no les garantizaría la asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos. “Se pretende seguir exigiendo tener un seguro médico privado a las personas mayores que han obtenido el permiso de residencia por reagrupación familiar”, ha criticado García Sempere. Según la parlamentaria, “significa una contradicción normativa y ética que se pueda obtener el permiso de residencia para los padres y madres cuando su estado de salud requiere cuidados y, después, el Estado no se haga cargo de la asistencia sanitaria necesaria”.
Esta norma afecta también a los extracomunitarios que son reagrupados por una persona española. E igual ocurre con las reagrupaciones realizadas por no comunitarios residentes en nuestro país, a quienes también se les exige un seguro médico privado para poder reagrupar a las personas ascendientes a cargo.
El nuevo real decreto tampoco garantiza claramente el derecho con cargo a fondos públicos de las mujeres embarazadas y de menores con residencia inferior a 90 días, puesto que no deroga la disposición adicional segunda del Real Decreto 1192/2012, de 3 de agosto, que regula la condición de persona asegurada y de beneficiaria a efectos de la asistencia sanitaria en España. En opinión de IU, existe una contradicción entre la disposición previa y la nueva redacción del punto dos del artículo tercero de la Ley16/2003.
Además de estos perfiles concretos, “debemos construir un marco en el que las Comunidades Autónomas que asuman el mandato de garantizar el acceso puedan hacerlo sin problemas y para que las Comunidades Autónomas que se empeñen en prácticas de exclusión no tengan resquicios para desplegarlas sistemáticamente y tengan que obedecer el mandato de inclusión, algo que tampoco se garantiza actualmente”, ha reivindicado García Sempere.
Izquierda Unida insta al Gobierno a clarificar estos puntos cuanto antes, presentando un borrador de la reglamentación pendiente según el punto 1 del artículo 3bis de la Ley 16/2003 antes de la votación de este RDL en el Congreso o, en su defecto, a modificar el RD 240/2007 y el RD 577/2011, así como a derogar la disposición segunda del RD 1192/2012.
Además, múltiples voces –desde los colectivos médicos y sanitarios hasta las plataformas de defensa de la Sanidad Pública– han pedido reiteradamente, por razones de justicia y humanidad, la modificación de estas leyes o su desarrollo con el fin de paliar los efectos negativos que produce, sobre todo entre los colectivos sociales más desfavorecidos y afectados por la crisis.
Al margen de las críticas, Izquierda Unida valora el cambio de concepto que significa que sea el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad el que reconozca a partir de ahora el derecho a la asistencia sanitaria a toda la ciudadanía, así como que desaparezca la figura de persona beneficiaria pasando a ser toda la ciudadanía titular de su propio derecho.
