La crisis que ha sacudido nuestro país en los últimos años y ha asolado las condiciones de vida de la mayoría social ha puesto sobre la mesa la necesidad de profundizar en la construcción de espacios unitarios en los que trabajar con distintos actores sociales y políticos. Esa dinámica de encuentro y colaboración se ha dado de manera natural en el seno de Izquierda Unida, donde desde su nacimiento ya encontramos esa vocación unitaria en torno a elementos programáticos compartidos que han permitido generar un trabajo fructífero, así como la materialización de políticas diferenciadas en muchos municipios.
Izquierda Unida es un movimiento político y social de fuerte arraigo territorial en Andalucía. En torno a 300 asambleas locales activas, miles de activistas en el movimiento obrero, en movimientos feministas, ecologista, en defensa de la educación, sanidad o servicios sociales públicos, contra los desahucios, por la memoria democrática o el republicanismo, amén de plataformas coyunturales de luchas concretas, pensiones y territoriales; casi 1100 concejales y concejalas, 80 alcaldías y participación en 29 cogobiernos, más de 1.600.000 andaluces y andaluzas, el 17,5% de la población, reside en municipios en cuyos gobiernos participa nuestra organización. En ese trabajo de intervención social y de compromiso institucional se produce una normalizada confluencia y encuentro con otros sectores con quienes compartimos una visión de rebeldía y contrapoder a la clase dominante o a su representación político-electoral.
En los Ayuntamientos es innegable que estamos atravesando una etapa muy complicada: las decisiones adoptadas por el PP desde el gobierno central se han concretado en una ofensiva recentralizadora sin precedentes, con trabas y limitaciones económicas y competenciales que de facto convierten a las corporaciones locales en meros entes gestores subsidiarios del resto de administraciones. La autonomía local ha disminuido como nunca antes, con una normativa que intenta expulsar la aplicación de políticas municipales de proximidad y la inversión pública para atender las necesidades sociales más perentorias, elementos definitorios de nuestra acción de gobierno.
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