La portavoz de Izquierda Unida (IU) en el Parlamento Europeo (PE), Marina Albiol, ha solicitado información a la Comisión Europea (CE) sobre las familias o corporaciones que más dinero público están recibiendo de la Política Agraria Común (PAC). En una pregunta parlamentaria, la eurodiputada advierte de que tan sólo en 2015 en Andalucía cuatro de las siete mayores fortunas se han repartido subvenciones de la Unión Europea (UE) que superan los 15 millones de euros, a pesar de que sus principales actividades económicas no tienen nada que ver con la ganadería o la agricultura, tal y como pone de manifiesto el informe anual de la ONG VSF-Justicia Alimentaria Global.
“Las ayudas de la PAC deberían ir destinadas a aquellas personas que trabajan y viven de la agricultura, a las pequeñas y medianas explotaciones y no a algunas grandes empresas que se dedican más al sector inmobiliario o hotelero que al campo. Que Nicolás Osuna, la familia Mora-Figueroa Domecq o la Casa de Alba se encuentren entre las mayores receptoras, nos demuestra que el sistema es injusto y que beneficia a los grandes terratenientes”, ha denunciado Albiol, que pregunta a la CE si piensa poner fin a este reparto.
Este sistema, avisa la eurodiputada, “además de ilegítimo, inaceptable e injusto”, profundiza en la “continuada desaparición de pequeñas y medianas explotaciones campesinas”, acabando con “la principal forma de agricultura medioambiental, social y económicamente sostenible” en Andalucía y una de las “más importantes fuentes de empleo y dinamización de la economías rurales”.
“Pedimos saber quién está recibiendo más de 300.000 euros al año en ayudas, queremos saber el listado y sacar a la luz a los nombres de las grandes fortunas que están cobrando ayudas de la PAC, que deberían ir a quien realmente las necesita y estar destinadas a evitar la continuada desaparición de pequeñas y medianas explotaciones”, ha reiterado.
Por último, Albiol ha recordado que la propuesta de IU es poner fin a este “escandaloso” reparto de ayudas millonarias, “limitando el máximo concedido por explotación y beneficiario”, para evitar “que personas o corporaciones cuya principal actividad económica sea diferente a la agricultura o ganadería reciban subvenciones”.
Julio/2015