Lo peor de la amnistía fiscal es la catadura moral de los beneficiarios
Al
ciudadano español Luis Bárcenas le han descubierto una cuenta en un
banco suizo por la que se han movido a sus anchas 22 millones de euros.
El dato no sería noticia si el mencionado ciudadano no hubiese
desempeñado durante 20 años los cargos de gerente y de tesorero del
Partido Popular. La buena nueva ha desencadenado el correspondiente
escándalo, como si, a estas alturas, alguien pudiera extrañarse de
cuales son las fórmulas y artificios utilizados para la financiación de
algunos partidos políticos.
La
Constitución proclama que los partidos políticos son instrumentos
fundamentales para la participación democrática, por lo que están
justificadas determinadas subvenciones con fondos públicos. Los
responsables de su funcionamiento nunca quisieron encontrar una fórmula
aceptable para sufragar sus gastos. Regularon la financiación desde el
año 1987 pero siempre dejaron abiertos dos agujeros negros por los que
se introducía el virus de la corrupción: las donaciones anónimas y el
funcionamiento del Tribunal de Cuentas. Las primeras se corrigieron en
el año 2007, después de muchas reticencias por parte del Partido
Popular. El Tribunal de Cuentas continúa con la misma agilidad que en
los tiempos del Conde Duque de Olivares.
La
financiación de los partidos políticos se consigue, como es lógico, a
través de las aportaciones de sus afiliados, cantidad que no alcanza
cifras significativas, por lo que ha tenido que ser complementada con
subvenciones públicas. Cuando los ingresos se consideraban insuficientes
para el funcionamiento de las sedes de los partidos y para hacer frente
a las campañas electorales, algunos decidieron acudir a la picaresca,
incluso a conductas delictivas para ingresar un dinero extra. Quizá
pensaron que la cuota de poder que le asignaban los ciudadanos les
permitía toda clase de irregularidades.
Una
vez instalados en los centros decisorios de los Ayuntamientos,
Diputaciones, Comunidades Autónomas o en el aparato del Estado
decidieron utilizarlos para aumentar las asignaciones. Las concesiones
de obras y servicios y las licencias urbanísticas se convirtieron en una
fuente inagotable de recursos ilícitos.
Los reguladores de la financiación de partidos dejaron dos agujeros negros: las donaciones y el Tribunal de Cuentas
El
tesorero de un partido político contabiliza las cantidades que entran
en la caja. Si las sumas son ilícitas, negras o delictivas hay que
buscarles algún refugio seguro para que no se descubra su verdadero
origen. No se necesita demasiada inteligencia financiera para
envolverlas bajo donaciones anónimas. Cuando se les puso un tope, el
dinero ilícito comenzó a desbordar los cauces previstos y era necesario
buscar otras guaridas. Suiza, especialista en ensombrecer el color del
dinero, era el lugar indicado. Desde el 17 de enero del presente año los
helvéticos han levantado el secreto bancario en los casos de
investigaciones judiciales.
Según
denuncias no desmentidas, algunos dirigentes decidieron adjudicarse
remuneraciones generosas por los servicios prestados al partido.
Situados ante este espejo, los señalados tienen la ineludible obligación
de comparecer voluntariamente ante la opinión pública y negar
tajantemente los hechos. No pueden refugiarse en evasivas y agravios. En
una democracia la responsabilidad ética y política del dirigente ante
los ciudadanos les obliga a responder sin ambages a las imputaciones.
El
color del dinero es variopinto. Lo que importa es su procedencia. Las
cantidades procedentes del pago de comisiones por concesiones de obras o
servicios son beneficios generados por cohechos delictivos. Estas
cantidades se consignaban como donaciones anónimas lo cual a su vez
constituye un delito de falsedad contable. Esta prestidigitación
contable transformaba el dinero ilícito en un en asiento aparentemente
lícito.
El
principal artífice de todo este entramado era incuestionablemente el
tesorero Luis Bárcenas, porque sin él todas estas maniobras no se
habrían materializado. Tampoco sin la cooperación o el asentimiento y,
¿por qué no?, la inducción de los dirigentes del partido político, si
esto se puede llegar a demostrar. Por ello el dinero de la cuenta suiza
no es un dinero opaco que se sustrae al fisco sino un dinero procedente
de actividades ilícitas que al ser retornado a España a través de la
amnistía fiscal se convierte no en dinero lícito, sino en una maniobra
delictiva de blanqueo de capitales.
La
amnistía fiscal rompe todos los principios admisibles en el campo del
derecho penal para despenalizar conductas delictivas. Solo puede hacerse
por vía de ley orgánica y nunca por real decreto-ley. Pero lo más grave
no es el vicio legal sino la catadura moral de las personas a las que
se aplica. Se trata de ciudadanos que han ocultado o evadido sus
capitales sustrayéndolos al sostenimiento de los servicios públicos
esenciales en tiempos de gravísimas carencias sociales. El Estado no
puede tolerar ni excusar la insolidaridad y discriminar a otros
delincuentes.
Nuestro
país tiene muchas carencias, culturales, sociales, éticas y
democráticas. Demasiados ciudadanos se han hecho partícipes y
alentadores de estas conductas votando de forma abrumadora a personas
implicadas en tramas de corrupción. Las multitudes padecen el síndrome
de Barrabás, prefieren a los golfos en lugar de a los justos. Me resisto
a caer en el desaliento y la melancolía. Estoy convencido de que la
mayor parte de la sociedad española está indignada y desmoralizada. Es
vital para la democracia recuperar la fuerza política de la moral
pública en estos momentos difíciles.
José Antonio Martín Pallín es abogado, magistrado emérito del Tribunal Supremo y comisionado de la Comisión Internacional de Juristas (Ginebra)
