La democracia
tutelada que nos impusieron tras la dictadura franquista ha estado siempre
controlada por la dictadura del capital que a través de su poder económico ha
manejado la política económica, la banca, los medios de comunicación, las
universidades privadas etc.-.
Este sistema, que
formalmente se denomina democracia, esta basado en el sometimiento de los
poderes políticos al poder económico para que la voluntad popular quede
reducida al formalismo de votar cada cuatro años para que gobiernen los
partidos del régimen (PP-PSOE), a través de una ley electoral amañada donde sólo
es posible la alternancia en el poder del bipartidismo. Se cambia de un partido
a otro para que no cambie nada de lo que realmente interesa a la mayoría de la
ciudadanía.
Este poder
económico que domina el sistema no es votado por el pueblo pero, es el que
realmente decide lo que tienen que hacer los poderes públicos controlando sus
órganos de decisión y contando con el beneplácito de la jerarquía eclesiástica.
Si repasamos
determinados apellidos veremos como son los mismos que desde finales del siglo
XIX hasta nuestros días, controlan la banca, la judicatura, los medios de
comunicación, la política, etc. Son una minoría pero su poder económico es
capaz de imponer su voluntad a la inmensa mayoría que se ha creído hasta ahora
que ésa era también su propia voluntad.
La dictadura del
capital hoy prepara en las universidades privadas a la nueva generación de
jueces, economistas, periodistas y políticos que dentro de unos años ocuparán
el poder y los pondrán en sus listas para que la ciudadanía los vote creyendo
que los eligen libremente para que defiendan y representen los intereses de la
mayoría.
Este sistema que
les ha funcionado casi a la perfección en los últimos 35 años está tocando a su
fin tal como ha funcionado hasta ahora.
La ciudadanía
mientras ha podido trabajar y medio vivir no se ha preocupado de lo colectivo
de la política con mayúsculas, ha ido a lo suyo y ha delegado en estas personas
para que los gobiernen y tomen las decisiones.
La actual estafa
política y financiera a la ciudadanía, denominada por el régimen, crisis
económica, esta dejando en evidencia el entramado político, económico y
judicial en el cual sustentan su poder.
El poder económico
no tiene limites, su afán de acumular poder y riqueza es infinito, mientras más
tienen más quieren, aunque sea a consta de empobrecer a la mayoría de la
sociedad.
Ante esta situación
de empobrecimiento de la mayoría y la concentración de la riqueza, cada vez, en
menos personas; saben que la sociedad más pronto que tarde reaccionará. Por eso
ya están preparando el futuro escenario, cambios meramente formales, para que
todo sigua igual o vaya a peor.
La sociedad ahora
más sensible a las actuaciones políticas se encuentra escandalizada por los
casos de corrupción y financiación del bipartidismo y la burguesía catalana,
pero deben saber que esto no es nada más que la punta de un pequeño iceberg y
que viene de lejos (recuerden los dólares que recibió el PSOE de Felipe
González vía SPD alemán para ahogar al PCE o la trama de Filesa y Matesa para
financiar su partido etc.)
La gente empieza a
cuestionarse porqué no se cumple la Constitución , porqué la justicia no es igual para
todos, porqué cuando alguien se apropia de lo que no es suyo sólo van a la
cárcel los que han sustraído pequeñas cantidades, porqué a la gente humilde le
quitan su vivienda, le niegan el dinero a los emprendedores y se lo dan a la a
banca, porqué quieren hacer negocio con nuestra salud y la educación de
nuestros hijos etc.
El cuestionarse el
modelo actual es la puerta de inicio para enterrar el “pasotismo político” que
nos impusieron en la década de los 80 para que la mayoría se alejara del
interés por la política y ésta quedara en manos de unos cuantos que ya sabemos
a lo que nos ha llevado.
Ahora nos tratan de
imponer desde sus medios de propaganda que hay que disminuir el estado como
medio para salir de la crisis y mucha gente, de nuevo, puede ser engañada.
Bajo el eufemismo
de disminuir el estado lo que realmente preparan es disminuir la democracia y
limitar aún más la capacidad de participación y decisión de la sociedad.
Cuando el poder
económico quiere hacer negocio o eliminar cualquier servicio público, lo
primero que hace es desprestigiarlo y mal gestionarlo, para debilitarlo
económica y políticamente y así conseguir que la sociedad rechace la gestión
pública (casos de corrupción, sueldos de gestores y asesores escandalosos,
enchufismo, etc.)
Mientras la
sociedad pide más transparencia y más democracia, ellos preparan eliminar la
capacidad de decisión de los ayuntamientos más pequeños y reducir el número de sus concejales, precisamente en los sitios
donde los concejales no tienen sueldo.
Quieren acabar con
el municipalismo porque es precisamente en algunos ayuntamientos pequeños donde
no han podido controlar el poder y quieren acabar con esos reductos donde
todavía sigue viva la participación colectiva y la democracia.
Sin embargo, no
cuestionan las diputaciones que sí deberían desaparecer, pues manejan miles de
millones de euros y son órganos de poder, no elegidos por votación directa, y que
responden a un sistema centralista anterior al modelo autonómico actual.
Frente al clamor
popular por la reforma de la ley electoral que reduce la pluralidad y beneficia
descaradamente al bipartidismo y burguesías nacionalistas, en lugar de aumentar
el tamaño de la circunscripción electoral, hoy provincial, para que todos los
votos valgan por igual en todas partes; lo que preparan es reducir la
circunscripción electoral a ámbitos inferiores a la provincia para que en cada
circunscripción se elijan muy pocos diputados y sólo obtenga representación el
bipartidismo (PP-PSOE), igual sucederá sí reducen el número de concejales en
los ayuntamientos.
La sociedad civil
tiene que comenzar a organizarse e imponer su mayoría para caminar hacia un nuevo
proceso constituyente donde la soberanía resida en el pueblo y los poderes
públicos, los medios de producción, la economía, la banca, los medios de
comunicación, la sanidad, la educación etc. estén al servicio de la mayoría
social y la justicia sea igual para todos, donde se pueda juzgar y encarcelar a
los responsables de saquear las arcas públicas, a los que sobornan y a los que
se dejan sobornar.
Miguel Calero
