El coordinador federal y portavoz parlamentario de Izquierda Unida planteó al Gobierno socialista a través de una pregunta parlamentaria la posibilidad de “promover a través del Instituto de Estudios Fiscales la elaboración periódica de un informe para la evaluación oficial de la economía sumergida y del fraude fiscal”
El Ejecutivo del PSOE se lava las manos y apostilla en su respuesta que ‘cuantificar la economía sumergida no es fácil, por las dificultades para definir su perímetro con exactitud y porque las actividades recogidas persiguen, precisamente, escapar al control público’









