80.122,68 € tendrá que pagar
el Ayuntamiento de Pozoblanco
El
Ayuntamiento de Pozoblanco tendrá que devolver 75.194,67 euros de la
subvención concedida por la Junta de Andalucía para el Programa Andalucía
Activa 2.024 y abonar además 4.928,01 euros en intereses, lo que supone
un coste total para las arcas municipales de 80.122,68 euros.
Se trata de una cantidad muy importante de dinero público que deja una pregunta evidente:
¿Qué
ha ocurrido durante la ejecución de este programa para llegar a esta
devolución?
Desde
Izquierda Unida llevamos más de un año intentando obtener una respuesta. Hemos
preguntado en comisiones, en los plenos municipales y hemos solicitado la
documentación oficial remitida a la Junta de Andalucía.
Sin embargo, seguimos sin disponer de una explicación completa.
¿Qué es el Programa Andalucía
Activa?
Andalucía
Activa 2.024 es un programa de la Junta de Andalucía destinado a fomentar el
empleo mediante la contratación temporal de personas desempleadas por parte de
los ayuntamientos.
No se trata
de una convocatoria excepcional. Es un programa que se publica prácticamente
cada año y cuyas bases reguladoras apenas varían de una edición a otra, por
lo que las administraciones locales conocen con antelación las obligaciones que
conlleva su gestión.
En esta convocatoria, el Ayuntamiento de Pozoblanco recibió 294.000 euros para realizar 28 contrataciones.
Las contrataciones y las primeras incidencias
El primer contrato del Programa Andalucía Activa 2024 se formalizó el 2 de diciembre de 2024. Conforme a las bases reguladoras, el periodo máximo de ejecución es de 12 meses desde la primera contratación, por lo que todas las contrataciones iniciales debían finalizar antes del 2 de diciembre de 2025. La única excepción prevista era la de los contratos formalizados para sustituir bajas o renuncias, cuya duración podía extenderse más allá de esa fecha, al tener una duración equivalente al tiempo restante del contrato de la persona sustituida.
En este
caso, la persona inicialmente seleccionada renunció antes de incorporarse y el
Ayuntamiento actuó correctamente contratando a la persona suplente prevista en
el proceso selectivo.
El resto de
contrataciones se realizaron entre el 15 de mayo y el 21 de julio de 2025.
Durante el
mes de mayo se produjeron tres renuncias.
De esas tres
vacantes:
- una sí fue cubierta mediante sustitución;
- dos no volvieron a cubrirse.
Además,
existía un puesto de Animador Sociocultural para el que se constituyó la
comisión de selección, pero, al menos según la documentación de este Grupo Municipal, no consta decreto de contratación.
Con la información de la que disponíamos en ese momento, esas eran las incidencias conocidas por nuestro Grupo Municipal.
Una comisión que nunca llegó a
celebrarse
Cuando
preparamos nuestras preguntas para la Comisión de Personal de junio de 2025,
queríamos conocer por qué algunas vacantes no se habían cubierto y cuáles
podían ser las consecuencias para la subvención concedida.
Sin embargo,
esa comisión nunca llegó a celebrarse.
Ni el
alcalde, que en aquel momento era el concejal delegado de Personal, ni la responsable
de Personal asistieron a la reunión.
Además, el
alcalde no había delegado la presidencia de la comisión en ninguno de los
concejales presentes, por lo que la comisión no pudo constituirse
válidamente y todas las preguntas tuvieron que posponerse hasta el mes
siguiente.
Es decir, la primera oportunidad para obtener explicaciones se perdió por la imposibilidad de celebrar la propia comisión.
Cinco explicaciones distintas para
una misma pregunta
Cuando tuvimos conocimiento de que había puestos que no habían sido cubiertos, preguntamos por qué había ocurrido.
La primera explicación que recibimos fue que el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) no había remitido más personas para cubrir esas vacantes.
En ningún momento se hizo referencia al puesto de Animador Sociocultural, que nunca llegó a contratarse.
Tiempo después volvimos a plantear la misma cuestión.
En esa ocasión, el concejal de Personal respondió que las bases del programa no permitían realizar sustituciones.
Sin embargo, tras revisar las bases reguladoras comprobamos que esa afirmación no se correspondía con su contenido.
El artículo 10 contempla expresamente la sustitución de personas contratadas cuando concurren determinadas circunstancias y establece un plazo máximo para realizarla.
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Por ello, llevamos esta cuestión a la Comisión de Personal de mayo de 2026. Sin embargo, ni el alcalde ni el concejal responsable de Personal asistieron a la sesión. Esto impidió que nadie pudiera responder o asumir la responsabilidad sobre las cuestiones planteadas, obligándonos a reiterar un mes después, en la Comisión de junio, el contenido del artículo 10 y las preguntas que seguían sin respuesta.
Fue entonces cuando volvió a cambiar la explicación.
En lugar de mantener que eran las bases las que impedían las sustituciones, el concejal de Personal manifestó que él no había dicho que lo establecieran las bases, sino que un técnico le había indicado que no era posible realizarlas.
Posteriormente, al seguir revisando la documentación del expediente, comprobamos además que sí se realizaron algunas sustituciones, como la correspondiente al primer contrato del programa, en el que la persona inicialmente seleccionada renunció y fue contratada la siguiente candidata, o la sustitución de otra trabajadora que causó baja durante la ejecución del programa. Es decir, el propio expediente demuestra que en determinados casos sí fue posible realizar sustituciones.
Finalmente, en el Pleno de junio, el concejal ofreció una nueva explicación para justificar parte de la devolución. Afirmó que algunas personas seleccionadas habían renunciado antes de incorporarse y que ya no existía tiempo material para realizar una nueva selección.
Sin embargo, el Ayuntamiento conocía desde el inicio que el Programa Andalucía Activa 2.024 tenía un plazo máximo de ejecución de doce meses desde la primera contratación. Precisamente por ello, los procesos selectivos debían planificarse con la suficiente antelación para afrontar incidencias previsibles, como las renuncias de personas seleccionadas. Si las contrataciones se hubieran tramitado con mayor margen temporal, esa falta de tiempo difícilmente podría haberse utilizado como justificación para dejar plazas sin cubrir.
Un mes después, en el Pleno de julio, el concejal volvió a justificar parte de la devolución afirmando que algunas personas habían causado baja cuando sus contratos estaban próximos a finalizar y que, según el criterio trasladado por el personal técnico, esas vacantes ya no podían sustituirse.
Sin embargo, las bases reguladoras contemplan expresamente la sustitución de las personas contratadas que cesen antes de la fecha prevista de finalización de su contrato, estableciendo un plazo máximo de un mes para realizar dicha sustitución y permitiendo que el contrato de la persona sustituta tenga una duración igual al tiempo restante del contrato sustituido. Hasta la fecha, no se ha aportado ningún informe técnico que justifique por qué ese criterio se apartó de lo previsto en las bases.
En definitiva, cinco explicaciones distintas para responder a una misma cuestión, sin que hasta la fecha se haya aportado una explicación documental única y coherente que permita conocer por qué unas vacantes fueron sustituidas, otras no y cómo esas incidencias han terminado dando lugar a un coste de 80.122,68 euros para las arcas municipales..
Una devolución muy superior
a
la que conocíamos
Con la
información de la que disponíamos, conocíamos dos puestos que finalmente no
habían sido cubiertos y un puesto de Animador Sociocultural que no llegó a
contratarse.
Sin embargo,
el decreto de reintegro reveló una realidad mucho más grave.
El
Ayuntamiento tendrá que pagar:
- 75.194,67 euros de subvención.
- 4.928,01 euros en intereses.
Total:
80.122,68 euros.
Esta
cantidad es muy superior a la que cabría esperar únicamente por las incidencias
que conocíamos.
Eso significa que existen otras circunstancias que han dado lugar al reintegro y que, a día de hoy, siguen sin haber sido explicadas.
Las preguntas que siguen sin
respuesta
En el Pleno
de junio preguntamos cuál sería la cantidad que tendría que pagar el
Ayuntamiento.
El concejal
de Personal reconoció que habría devolución, pero no quiso facilitar la
cuantía.
En el Pleno
de julio, una vez conocido el decreto, formulamos nuevas preguntas.
Queríamos
saber:
- ¿Cuántos contratos están realmente afectados?
- ¿Qué incidencias concretas originan esa devolución?
- ¿Cómo se alcanza exactamente la cifra de 80.122,68 euros?
- cuántos contratos se vieron afectados;
- cuánto dinero corresponde a cada incidencia;
- ni cómo se calcula exactamente el importe del reintegro.
La única
explicación ofrecida fue que algunas personas abandonaron el puesto antes de
finalizar su contrato y que esas vacantes no fueron cubiertas porque quedaba
poco tiempo para terminar el programa.
Pero esa respuesta resulta insuficiente.
El alcalde era el responsable político
durante la ejecución del programa
Existe un aspecto que consideramos especialmente relevante.
Tras el cese de Gerardo Arévalo como delegado de Personal, el alcalde decidió asumir personalmente las competencias del área, convirtiéndose en su máximo responsable político.
Durante su etapa al frente de Personal, se produjo el caos en su organización y plantilla: sustituyó personal funcionario por personal laboral fijo, posteriormente se produjo una nueva baja por el ambiente que se vivía en el departamento.
Desde Izquierda Unida llevamos tiempo denunciando los problemas de funcionamiento del área. A la vista de los resultados, consideramos que la decisión del alcalde de asumir directamente Personal no sirvió precisamente para mejorar su funcionamiento.
Además, fue durante esta etapa cuando se desarrolló prácticamente toda la gestión del Programa Andalucía Activa 2024. El alcalde mantuvo la Delegación de Personal hasta mediados de julio de 2025, por lo que la planificación de las contrataciones y buena parte de las incidencias que ahora intentamos esclarecer se produjeron bajo su responsabilidad política.
Por ello, durante el debate plenario recordamos expresamente esta circunstancia. Sin embargo, el alcalde no intervino ni respondió a nuestras preguntas. Las explicaciones quedaron en manos del actual concejal de Personal, que asumió el área en julio de 2025, cuando el programa se encontraba ya en su fase final.
Cuando una subvención destinada a crear empleo termina con 75.194,67 € que deben reintegrarse y 4.928,01 € de intereses a cargo de las arcas municipales, creemos que quien dirigía políticamente el área debe explicar qué ocurrió y qué decisiones llevaron a esta situación.
Asumir una delegación también significa asumir la responsabilidad política sobre su gestión y sus consecuencias.
Una documentación que seguimos
esperando
Además de
nuestras preguntas en comisiones y plenos, desde Izquierda Unida hemos
solicitado en varias comisiones y por registro de entrada la justificación remitida por el Ayuntamiento
a la Junta de Andalucía, así como otra documentación relacionada con la
ejecución de este programa.
En el último
Pleno, el alcalde afirmó que la oposición ya disponía de toda la
documentación y reprochó que se dijera que el equipo de gobierno no
respondía a las solicitudes de información.
Sin embargo,
esa afirmación hacía referencia, con carácter general, a que los grupos de la
oposición recibimos todos los decretos municipales, algo que, por otra
parte, constituye una obligación legal del Ayuntamiento y no una decisión
discrecional del equipo de gobierno.
Pero los
decretos no contienen toda la documentación administrativa.
Los
expedientes completos, los informes, los registros de entrada y salida y la
documentación justificativa forman parte de los expedientes administrativos y no
se incorporan íntegramente a los decretos, aunque estos puedan hacer referencia
a ellos o resolver sobre su contenido.
Precisamente
esa es la documentación que hemos solicitado reiteradamente y que continúa sin
facilitársenos.
En este caso
concreto, seguimos esperando, entre otros documentos, la justificación
remitida por el Ayuntamiento a la Junta de Andalucía, imprescindible para
conocer:
- qué contratos fueron finalmente justificados;
- qué incidencias se comunicaron;
- cuáles son exactamente los contratos afectados por el reintegro;
- y cómo se justifica una devolución de 80.122,68 euros.
Por ello, no puede afirmarse que la oposición disponga de toda la documentación cuando seguimos esperando el acceso a expedientes y documentos que no forman parte de los decretos y que son esenciales para ejercer adecuadamente nuestra labor de fiscalización.
Seguiremos exigiendo
transparencia
El Programa
Andalucía Activa 2.024 nació con un objetivo muy claro: crear empleo y
mejorar las oportunidades laborales de personas desempleadas.
Por eso
resulta especialmente preocupante que una parte tan importante de los fondos
concedidos tenga que devolverse.
Pero aún
resulta más preocupante que, más de un año después de que comenzáramos a
interesarnos por la ejecución de este programa, el gobierno municipal del Partido Popular siga
sin ofrecer una explicación completa y documentada sobre las causas de esta
devolución.
Desde
Izquierda Unida seguiremos solicitando toda la documentación necesaria y
ejerciendo nuestra labor de control para conocer exactamente qué ocurrió
durante la ejecución de este programa.
Porque la transparencia
no consiste únicamente en reconocer que el Ayuntamiento tendrá que asumir un
coste de 80.122,68 euros derivado de la mala gestión de este programa.
La
transparencia consiste en explicar qué ocurrió durante su ejecución, por qué ha
sido necesario reintegrar parte de la subvención, por qué además habrá que
pagar intereses de demora y qué decisiones llevaron a esta situación. Solo así
pueden depurarse las responsabilidades políticas que correspondan.
