Las eurodiputadas Marina Albiol y Ángela Vallina apoyan en Bruselas las denuncias que responsabilizan al Ejecutivo español de trasponer mal la normativa europea a través de la Ley 4/2015 e instan a la Comisión de Peticiones a pedirle explicaciones
La portavoz de Izquierda Unida en el Parlamento Europeo, Marina Albiol, junto a la eurodiputada Ángela Vallina han solicitado a la Comisión Europea que verifique lo antes posible si el Estado español vulnera las directivas 2011/92/UE y 2012/29/UE relativas a la lucha contra los abusos sexuales a menores y a la protección de las víctimas. Esto sería así debido a la mala trasposición realizada por el Gobierno del PP de ambas directivas a través de la Ley 4/2015.
La denuncia parte de la coordinadora de la Asociación Gallega contra el Maltrato a Menores (Agamme), Estrela Gómez Viñas, que así lo ha trasladado a la Comisión de Peticiones de la Eurocámara. Durante el debate de esta petición, un asunto sobre el que la Comisión Europea ha reconocido ya que podría haber una vulneración de ambas normas, Vallina sostuvo que la transposición “provoca la indefensión de los menores víctimas de abusos y de las personas que son víctimas de maltrato”.
Para la eurodiputada de IU “las sospechas de las asociaciones están muy fundamentadas” e indican, además, la “obvia inexistencia de medios adecuados en los juzgados españoles”, tal como “equipos profesionales de tratamiento de víctimas o alojamientos de urgencia”, lo que llevaría a que “se puede estar vulnerado la Carta de Derechos Fundamentales de la UE”.
Vallina ha defendido mantener abierta la petición de Agamme, ya que “se debe analizar la información que debemos pedir al Estado y estudiarla con detenimiento”, una vez que la Comisión Europea “emita su informe y nos den todas las explicaciones. Es un tema muy delicado y que debemos solucionar”.
Marina Albiol, por su parte, mostró también su apoyo y criticó a la Comisión Europea por la lentitud que demuestra en este tema. “La propia Comisión -denuncia- dice que podemos estar ante un incumplimiento de la normativa europea, pero debemos pedirle más rapidez, ya que esta petición se registró en 2015 y dos años después no son capaces de darnos una respuesta y siguen instando a que esperemos a que se comuniquen con las autoridades españolas”.
Planteó también que “desde la propia Comisión de Peticiones nos pongamos en contacto con el Gobierno español para tratar de acelerar los procedimientos y así mostremos nuestra preocupación y pidamos explicaciones desde el Parlamento Europeo”.
Ambas exigencias de las eurodiputadas de Izquierda Unida han sido atendidas por la comisión que, además de ‘hacer un seguimiento más exhaustivo del caso’, se dirigirá por carta al Gobierno español sobre este tema.
