Con cierta frecuencia, los medios de comunicación se hacen eco del discurso de quienes se resisten a admitir los avances en materia de igualdad entre mujeres y hombres, poniendo en cuestión los derechos conquistados. La Ley Integral contra la Violencia de Género, cuyo gran valor conocen bien todas aquellas personas implicadas en la lucha contra el maltrato, es en muchas ocasiones objeto de estos ataques minoritarios pero de gran trascendencia mediática, ataques fundamentados en mentiras arriesgadas.
Cuando estas polémicas se suscitan suele cuestionarse, con gran irresponsabilidad y desde la ausencia de rigor y de fundamentos objetivos, la credibilidad de las víctimas y ésta es tal vez la cuestión más preocupante y grave. Denota, claro está, la persistencia de la misoginia y el empecinamiento interesado en alimentar el tópico de la perversidad femenina, pero su consecuencia inmediata y más preocupante es la probable influencia en la decisión de aquellas mujeres que pueden estar sopesando poner punto y final a una relación violenta por temor a no ser creídas.
Quienes tenemos responsabilidades en la lucha contra la violencia de género debemos actuar con rigor y desmontar las falsedades tejidas para frenar el progreso de nuestra sociedad hacia la equidad y la libertad de las mujeres. Tan sólo en una de las de 530 sentencias analizadas por el Observatorio de Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial se encontraron indicios de falsedad.
Los datos hablan por sí solos y son éstos, con toda su contundencia, los que preocupan y ocupan al Instituto Asturiano de la Mujer: en torno al 80% de las mujeres asesinadas cada año por sus parejas y ex parejas no habían denunciado su situación; a día de hoy, por ejemplo, 16 gijonesas viven en una situación de riesgo extremo y 54 mujeres han sido asesinadas en España a manos de sus parejas.
En este contexto, el concepto de género es clave para abordar y comprender el problema de la desigualdad y la Ley Integral -que, no podemos olvidar, ha sido aprobada por consenso de todos los grupos políticos- es una herramienta fundamental para combatir el maltrato, para proteger a las víctimas y para prevenir el fenómeno, un instrumento basado en la idea de que la violencia contra las mujeres tiene su origen en la desigualdad entre mujeres y hombres.
El cuestionamiento de esta idea, el rechazo a la igualdad entre mujeres y hombres, está en el origen de los argumentos esgrimidos que, a mi juicio, no lo son tanto contra el instrumento, contra la Ley, como contra la idea que la sustenta.
Mi deseo y mi compromiso para 2010 es que sigamos trabajando, si cabe con mayor intensidad, para combatir la violencia de género, para prevenirla y para que cada día más víctimas de la violencia de género decidan acabar con el silencio, para que, como dice la canción de Bebe, rompan el miedo de un portazo y den un paso adelante denunciando al maltratador.
