La decisión de Estados Unidos de reconocer a Jerusalén como capital de Israel es una nueva agresión al pueblo palestino, que soporta desde hace décadas la colonización.
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| Manu Pineda |
Solemos caricaturizar a Donald Trump como una especie de oligofrénico vanidoso, arrogante y egoísta que acostumbra a tomar decisiones improvisadas sin tener en cuenta las consecuencias que éstas pueden acarrear. Creo que es una caricatura bastante cercana a la realidad, pero nos equivocaríamos gravemente si menospreciásemos la influencia que recibe de un entorno muy extremista, tanto en el plano político como religioso.
Todos conocemos la obsesión islamófoba del magnate norteamericano, que llega a considerar potenciales terroristas a los musulmanes que no provengan de las monarquías feudales del Golfo Pérsico. En esta obsesión ha tenido gran influencia la Iglesia Evangélica estadounidense, una organización religiosa de extrema derecha que ya “guió los pasos” del presidente George W. Bush para combatir al “maligno” en Afganistán e Iraq.
También es conocida la simpatía del presidente Trump por la entidad sionista y su apoyo a los sectores más extremistas de Israel. En este aspecto hay que tener en cuenta dos focos de influencia: Sheldon Adelson, magnate de los casinos y hoteles de Las Vegas (el mismo que proyectó la instalación del complejo Eurovegas en Cataluña o en la Comunidad de Madrid) y que fue el principal donante en la campaña de Trump a las elecciones presidenciales de EE.UU. en base a su principal criterio de selección: el “valor central” de un candidato es su apoyo incondicional a Israel. Su otro foco de influencia hacia el sionismo es Jared Kushner. El yerno del presidente norteamericano es su asesor en política internacional, su persona de confianza y el hombre de Israel en la Casa Blanca. Kushner ha conseguido el apoyo del régimen saudí al reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel a cambio de una mayor presión a Irán y de la posibilidad de dotar a Arabia Saudí de armas nucleares.
La decisión de Estados Unidos de reconocer a Jerusalén como capital de Israel es una nueva agresión al pueblo palestino, que soporta desde hace décadas la colonización, una ilegal y feroz ocupación militar israelí y un régimen de apartheid. Se trata de una grave irresponsabilidad del presidente Trump, que certifica lo que ya hace tiempo era evidente:
Que EEUU no es un mediador imparcial con capacidad para liderar ningún tipo de negociación de paz entre Palestina y sus colonizadores-ocupantes.
Que el llamado “Proceso de Paz” no existía; era una quimera encaminada a dar excusa a la “Comunidad Internacional” para no tomar ningún tipo de medida punitiva contra el régimen israelí mientras éste iba extendiendo sus asentamientos ilegales y enterrando la llamada “solución de los dos estados”.
Que las frecuentes y generosas concesiones de la Autoridad Nacional Palestina, cuyo objetivo era la búsqueda de reconocimiento internacional para desbloquear una situación que perpetúa un régimen colonial que dura ya casi setenta años, han sido totalmente estériles. Esto solo ha conseguido el desprestigio de ésta entre un pueblo palestino que se siente cada día menos representado por sus gobernantes.
El derecho internacional no reconoce la soberanía israelí sobre Jerusalén, y la parte oriental de la ciudad es considerada Territorio Palestino Ocupado. La decisión del Presidente Trump sólo puede añadir más sufrimiento a la población no judía. Estados Unidos no ignora que la resolución 478 de la ONU, aprobada en 1980, ya consideró ilegal y una “violación del derecho internacional” la decisión del Parlamento israelí de declarar a Jerusalén capital de Israel, por lo que el apoyo norteamericano a esa capitalidad sólo puede entenderse como una deliberada ruptura con la legalidad internacional y como un menosprecio a los derechos del pueblo palestino, porque Jerusalén sigue padeciendo la ocupación militar y el apartheid.
La OLP, así como los partidos y organizaciones palestinas, han manifestado que esa decisión de Estados Unidos dificulta la solución para fundar una paz justa y añade más tensión a la inestabilidad de Oriente Medio. A la práctica paralización, desde hace años, de las negociaciones entre palestinos e israelíes, en abierta violación con los compromisos que adquirió Israel en los Acuerdos de Oslo, agrega el gobierno de Netanyahu una política de expulsión, con diferentes pretextos, de la población palestina de los barrios de Jerusalén Este. Asimismo, no cabe olvidar la creación de nuevos asentamientos ilegales en Cisjordania, donde los colonos israelíes imponen su voluntad, humillan a los palestinos y hacen ostentación de sus armas.
Israel ha impuesto desde hace décadas una atroz segregación (apartheid) sobre los palestinos. Más de cincuenta leyes israelíes discriminan a la población palestina con ciudadanía israelí, simplemente por no ser judía. En Cisjordania existen vías públicas y sistemas jurídicos distintos según la población sea judía o no. Las fuerzas israelíes de ocupación bloquean los caminos de Cisjordania, han construido verdaderas jaulas para humillar y controlar la circulación de los palestinos por sus propias carreteras, donde, muchas veces, deben permanecer durante horas en los ignominiosos puestos de control israelíes; sus fuerzas armadas no reparan en disparar contra la población civil, su aviación bombardea con frecuencia ciudades palestinas; impide la reconstrucción de Gaza, al tiempo que el gobierno de Tel-Aviv roba tierras, el agua, las propiedades palestinas, destruye sus olivos y sus cultivos, dificulta el trabajo de los pescadores de la franja de Gaza, incauta casas, derriba viviendas, asedia a los palestinos para que abandonen Jerusalén Este, en una práctica de limpieza étnica que entronca con la que hicieron en 1948, tras la proclamación del Estado de Israel, y, más allá, intenta que los palestinos renuncien a vivir en su propia tierra.
Setenta años después de la Nakba, de la persecución y limpieza étnica llevada a cabo por Israel, cincuenta años después de la ocupación militar de Gaza, Cisjordania y Jerusalén, el drama palestino sigue sin resolverse: más de cinco millones de refugiados palestinos se ven obligados a vivir en Jordania, en Siria, en Iraq, en Líbano, en el golfo Pérsico, o dispersos por el mundo, unos refugiados que tienen el derecho de retornar a sus casas, a sus poblaciones. Más de seis mil palestinos llenan las cárceles israelíes, y, en una situación única en el mundo, la cuarta parte de la población palestina ha sido detenida o encarcelada en algún momento por las fuerzas de ocupación israelíes. Porque el gobierno de Netanyahu pretende hacer inviable la creación de un estado palestino, y la decisión norteamericana reconoce así la práctica anexión de Jerusalén por parte de Israel.
Israel debe cumplir la resolución 242 de la ONU, y retirarse de los territorios palestinos ocupados, aceptar que no existe soberanía israelí alguna sobre Jerusalén, y que la parte oriental de la ciudad es Territorio Palestino Ocupado. Además, Israel debe poner fin al régimen de apartheid (un crimen contra la humanidad según el Estatuto de Roma del Tribunal Penal Internacional) y cumplir con la resolución 194 de la Asamblea General de la ONU sobre el derecho al retorno de las personas palestinas refugiadas. Estas son, además, las demandas del movimiento BDS, la mayor coalición de la sociedad civil palestina, una campaña que cosecha éxitos en todo el mundo semana tras semana y la gran esperanza internacional para el pueblo palestino.
Las fuerzas democráticas de todo el mundo deben condenar la irresponsable decisión del gobierno norteamericano, que puede abrir una nueva crisis en Oriente Medio, en la torturada región donde sus militares y diplomáticos no están trabajando para la paz sino para extender la guerra y los conflictos.
Mientras las fuerzas israelíes responden a las protestas palestinas con la misma brutalidad que avergüenza al mundo, mientras disparan a los jóvenes palestinos e intentan esparcir el miedo, mientras pisotean los derechos de un pueblo digno, los ciudadanos y ciudadanas palestinas ya están respondiendo a Estados Unidos e Israel con protestas, manifestaciones, con una huelga general en los territorios ocupados, y, tal vez, con una nueva Intifada, porque saben que sólo la resistencia a la opresión será capaz de imponer la justicia y la libertad, de mostrar la limpia mirada de Palestina. Todas las organizaciones democráticas europeas y del resto del mundo deben estar hoy junto a los palestinos que se manifiestan en las calles bajo el humo y los disparos de las fuerzas de ocupación israelíes, y, junto a ellos, deben hacerlo los trabajadores y trabajadoras españolas, los estudiantes, los movimientos y organizaciones antiimperialistas a quienes interpela y llama el Partido Comunista de España, deben impulsar el BDS y la solidaridad con los palestinos, porque Palestina se rebela, grita, respira, lucha, y vive en Jerusalén.
Todos conocemos la obsesión islamófoba del magnate norteamericano, que llega a considerar potenciales terroristas a los musulmanes que no provengan de las monarquías feudales del Golfo Pérsico. En esta obsesión ha tenido gran influencia la Iglesia Evangélica estadounidense, una organización religiosa de extrema derecha que ya “guió los pasos” del presidente George W. Bush para combatir al “maligno” en Afganistán e Iraq.
También es conocida la simpatía del presidente Trump por la entidad sionista y su apoyo a los sectores más extremistas de Israel. En este aspecto hay que tener en cuenta dos focos de influencia: Sheldon Adelson, magnate de los casinos y hoteles de Las Vegas (el mismo que proyectó la instalación del complejo Eurovegas en Cataluña o en la Comunidad de Madrid) y que fue el principal donante en la campaña de Trump a las elecciones presidenciales de EE.UU. en base a su principal criterio de selección: el “valor central” de un candidato es su apoyo incondicional a Israel. Su otro foco de influencia hacia el sionismo es Jared Kushner. El yerno del presidente norteamericano es su asesor en política internacional, su persona de confianza y el hombre de Israel en la Casa Blanca. Kushner ha conseguido el apoyo del régimen saudí al reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel a cambio de una mayor presión a Irán y de la posibilidad de dotar a Arabia Saudí de armas nucleares.
La decisión de Estados Unidos de reconocer a Jerusalén como capital de Israel es una nueva agresión al pueblo palestino, que soporta desde hace décadas la colonización, una ilegal y feroz ocupación militar israelí y un régimen de apartheid. Se trata de una grave irresponsabilidad del presidente Trump, que certifica lo que ya hace tiempo era evidente:
Que EEUU no es un mediador imparcial con capacidad para liderar ningún tipo de negociación de paz entre Palestina y sus colonizadores-ocupantes.
Que el llamado “Proceso de Paz” no existía; era una quimera encaminada a dar excusa a la “Comunidad Internacional” para no tomar ningún tipo de medida punitiva contra el régimen israelí mientras éste iba extendiendo sus asentamientos ilegales y enterrando la llamada “solución de los dos estados”.
Que las frecuentes y generosas concesiones de la Autoridad Nacional Palestina, cuyo objetivo era la búsqueda de reconocimiento internacional para desbloquear una situación que perpetúa un régimen colonial que dura ya casi setenta años, han sido totalmente estériles. Esto solo ha conseguido el desprestigio de ésta entre un pueblo palestino que se siente cada día menos representado por sus gobernantes.
El derecho internacional no reconoce la soberanía israelí sobre Jerusalén, y la parte oriental de la ciudad es considerada Territorio Palestino Ocupado. La decisión del Presidente Trump sólo puede añadir más sufrimiento a la población no judía. Estados Unidos no ignora que la resolución 478 de la ONU, aprobada en 1980, ya consideró ilegal y una “violación del derecho internacional” la decisión del Parlamento israelí de declarar a Jerusalén capital de Israel, por lo que el apoyo norteamericano a esa capitalidad sólo puede entenderse como una deliberada ruptura con la legalidad internacional y como un menosprecio a los derechos del pueblo palestino, porque Jerusalén sigue padeciendo la ocupación militar y el apartheid.
La OLP, así como los partidos y organizaciones palestinas, han manifestado que esa decisión de Estados Unidos dificulta la solución para fundar una paz justa y añade más tensión a la inestabilidad de Oriente Medio. A la práctica paralización, desde hace años, de las negociaciones entre palestinos e israelíes, en abierta violación con los compromisos que adquirió Israel en los Acuerdos de Oslo, agrega el gobierno de Netanyahu una política de expulsión, con diferentes pretextos, de la población palestina de los barrios de Jerusalén Este. Asimismo, no cabe olvidar la creación de nuevos asentamientos ilegales en Cisjordania, donde los colonos israelíes imponen su voluntad, humillan a los palestinos y hacen ostentación de sus armas.
Israel ha impuesto desde hace décadas una atroz segregación (apartheid) sobre los palestinos. Más de cincuenta leyes israelíes discriminan a la población palestina con ciudadanía israelí, simplemente por no ser judía. En Cisjordania existen vías públicas y sistemas jurídicos distintos según la población sea judía o no. Las fuerzas israelíes de ocupación bloquean los caminos de Cisjordania, han construido verdaderas jaulas para humillar y controlar la circulación de los palestinos por sus propias carreteras, donde, muchas veces, deben permanecer durante horas en los ignominiosos puestos de control israelíes; sus fuerzas armadas no reparan en disparar contra la población civil, su aviación bombardea con frecuencia ciudades palestinas; impide la reconstrucción de Gaza, al tiempo que el gobierno de Tel-Aviv roba tierras, el agua, las propiedades palestinas, destruye sus olivos y sus cultivos, dificulta el trabajo de los pescadores de la franja de Gaza, incauta casas, derriba viviendas, asedia a los palestinos para que abandonen Jerusalén Este, en una práctica de limpieza étnica que entronca con la que hicieron en 1948, tras la proclamación del Estado de Israel, y, más allá, intenta que los palestinos renuncien a vivir en su propia tierra.
Setenta años después de la Nakba, de la persecución y limpieza étnica llevada a cabo por Israel, cincuenta años después de la ocupación militar de Gaza, Cisjordania y Jerusalén, el drama palestino sigue sin resolverse: más de cinco millones de refugiados palestinos se ven obligados a vivir en Jordania, en Siria, en Iraq, en Líbano, en el golfo Pérsico, o dispersos por el mundo, unos refugiados que tienen el derecho de retornar a sus casas, a sus poblaciones. Más de seis mil palestinos llenan las cárceles israelíes, y, en una situación única en el mundo, la cuarta parte de la población palestina ha sido detenida o encarcelada en algún momento por las fuerzas de ocupación israelíes. Porque el gobierno de Netanyahu pretende hacer inviable la creación de un estado palestino, y la decisión norteamericana reconoce así la práctica anexión de Jerusalén por parte de Israel.
Israel debe cumplir la resolución 242 de la ONU, y retirarse de los territorios palestinos ocupados, aceptar que no existe soberanía israelí alguna sobre Jerusalén, y que la parte oriental de la ciudad es Territorio Palestino Ocupado. Además, Israel debe poner fin al régimen de apartheid (un crimen contra la humanidad según el Estatuto de Roma del Tribunal Penal Internacional) y cumplir con la resolución 194 de la Asamblea General de la ONU sobre el derecho al retorno de las personas palestinas refugiadas. Estas son, además, las demandas del movimiento BDS, la mayor coalición de la sociedad civil palestina, una campaña que cosecha éxitos en todo el mundo semana tras semana y la gran esperanza internacional para el pueblo palestino.
Las fuerzas democráticas de todo el mundo deben condenar la irresponsable decisión del gobierno norteamericano, que puede abrir una nueva crisis en Oriente Medio, en la torturada región donde sus militares y diplomáticos no están trabajando para la paz sino para extender la guerra y los conflictos.
Mientras las fuerzas israelíes responden a las protestas palestinas con la misma brutalidad que avergüenza al mundo, mientras disparan a los jóvenes palestinos e intentan esparcir el miedo, mientras pisotean los derechos de un pueblo digno, los ciudadanos y ciudadanas palestinas ya están respondiendo a Estados Unidos e Israel con protestas, manifestaciones, con una huelga general en los territorios ocupados, y, tal vez, con una nueva Intifada, porque saben que sólo la resistencia a la opresión será capaz de imponer la justicia y la libertad, de mostrar la limpia mirada de Palestina. Todas las organizaciones democráticas europeas y del resto del mundo deben estar hoy junto a los palestinos que se manifiestan en las calles bajo el humo y los disparos de las fuerzas de ocupación israelíes, y, junto a ellos, deben hacerlo los trabajadores y trabajadoras españolas, los estudiantes, los movimientos y organizaciones antiimperialistas a quienes interpela y llama el Partido Comunista de España, deben impulsar el BDS y la solidaridad con los palestinos, porque Palestina se rebela, grita, respira, lucha, y vive en Jerusalén.
Escrito por Manu Pineda
Manu Pineda es un activista por los derechos humanos, representante de la asociación Unadikum, cuyo trabajo se centra desde 2011 en la franja de Gaza.
Publicado en Mundo Obrero diciembre 2017
