Ignacio Escolar
18/10/2012
El Gobierno tiene la solución definitiva para
acabar con los excesos policiales que hemos visto en las
últimas manifestaciones. ¿Obligar a los policías a cumplir la
ley y mostrar su número de identificación? ¿Investigar esos
abusos y sancionarlos duramente? ¿Terminar con la
política
de la impunidad que día tras día, medalla tras medalla,
aplica el Ministerio del Interior? Por supuesto que no. Su
remedio consiste en evitar que se vean los síntomas de la
enfermedad: en reformar la ley para que sea un delito grabar y
difundir por Internet imágenes de los policías “en ejercicio
de sus funciones”, según
palabras
del director general del ramo, Ignacio Cosidó.
Igual que cuando plantearon “modular” el derecho
a la manifestación, el Gobierno viste ahora este nuevo recorte
a la libertad de expresión de buenas palabras y excusas de mal
pagador. Cosidó asegura que este cambio legal llega porque “en
ocasiones” se difunden por la red “insultos y amenazas hacia
los policías”. “Los policías también tienen derecho al honor”,
dice Cosidó, que no aclara si es que estos funcionarios tienen
más honor que cualquier otro español. Si la actual legislación
ya penaliza los insultos y las amenazas, sin distinguir
profesión, ¿qué necesidad hay entonces de regular
específicamente estos delitos cuando el insultado o el
amenazado es un policía?
La respuesta es obvia; la amenaza, otra muy
distinta; el insulto es a la inteligencia de esta sociedad. Lo
que busca el Gobierno con esta nueva reforma es ocultar la
realidad amedrentando a esos manifestantes que tienen la
bonita costumbre de demostrar con imágenes que algunos
policías, más que una medalla pensionada, se merecen una
durísima sanción. La reforma que plantea Cosidó es una carta
blanca para que el Ministerio del Interior pueda después
denunciar a cualquier persona que difunda imágenes que deje en
evidencia una mala actuación policial; uno
de
esos vídeos que hemos visto por docenas en las últimas
semanas.
Llueve sobre mojado: es el mismo Ministerio del
Interior que
prohibió
a las televisiones instalar estructuras para retransmitir
las últimas protestas en Madrid. Es la misma Policía que
intentó ilegalizar
el
25S o detener preventivamente a sus promotores. Es el
mismo Gobierno que ha
multado
con 6.000 euros a la persona que formalmente solicitó la
convocatoria de esa manifestación.
Como escribe Isaac Rosa, la
Policía
apuesta a que habrá rescate. El Gobierno también, y es
consciente de que las legítimas protestas ciudadanas van a
arreciar. La gran pregunta es otra: ¿cree el Gobierno que la
única manera de que la sociedad tolere el durísimo recorte en
los derechos laborales y sociales que nos van a aplicar es
recortar también los derechos individuales: la libertad de
expresión, de reunión y de manifestación? ¿Es que acaso el
tijeretazo al Estado del bienestar solo se podrá consolidar si
se acompaña con un recorte a la democracia que impida el
estallido social? En estas estamos ya.
