Camino de las Merinillas: cuando el problema no es la obra, sino el modelo de gestión

 


El Camino de las Merinillas no es solo un vial deteriorado. Es el ejemplo de una forma de gestionar que debe revisarse.

En esta actuación se invirtieron más de 160.000 euros de dinero público, financiados entre Diputación de Córdoba y Ayuntamiento de Pozoblanco. La obra se dividió en dos tramos y fue ejecutada por dos empresas distintas. Apenas tres años después, el firme presenta reventones y roturas graves en varios puntos.

No estamos ante una infraestructura antigua ni ante un desgaste lógico por el paso del tiempo. Estamos ante una inversión reciente que ya necesita reparaciones.

La pregunta no es solo qué ha fallado en la ejecución.
La pregunta es qué ha fallado en la supervisión.


El mantenimiento no es opcional

En política municipal existe una tendencia peligrosa: centrar el discurso en la inversión ejecutada y no en la conservación posterior. Se inaugura, se contabiliza la obra como logro y se da por finalizado el proceso.

Pero la gestión pública no termina cuando se extiende el último metro de asfalto.

Una administración responsable debe:

  • Hacer seguimiento técnico de las obras ejecutadas.

  • Revisar periódicamente su estado.

  • Activar sin demora los mecanismos de garantía cuando aparecen defectos.

En este caso, desde octubre de 2024 se vienen trasladando desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida avisos sobre el deterioro del segundo tramo, aún dentro del periodo de garantía. Sin embargo, la falta de respuesta efectiva ha permitido que el problema avance.

Cuando no se actúa en el momento adecuado, el coste económico y técnico se multiplica.


Cultura de mantenimiento frente a política de parcheo

Los municipios que gestionan con visión de futuro no solo invierten: planifican el mantenimiento. Establecen calendarios de revisión, crean protocolos de control y priorizan la conservación como parte esencial del ciclo de vida de cada infraestructura.

Sin esa cultura, lo que hoy es un pequeño reventón mañana es una rotura estructural.

Y entonces ya no hablamos de exigir a la empresa dentro de garantía, sino de asumir una nueva inversión con recursos municipales.

Eso no es eficiencia. Eso es improvisación.


Dinero público, responsabilidad pública

Más de 160.000 euros no pueden convertirse en una obra degradada a los tres años sin que se depuren responsabilidades.

El dinero público no es abstracto. Es el esfuerzo colectivo de vecinos y vecinas que pagan impuestos y esperan una gestión seria. Cada euro mal supervisado es una oportunidad perdida para mejorar servicios, instalaciones o infraestructuras necesarias.

El Ayuntamiento no puede limitarse a comunicar una incidencia y esperar indefinidamente respuesta. Tiene herramientas administrativas para exigir cumplimiento contractual. La inacción también es una decisión política.


Más allá del camino: el modelo de ciudad que construimos

El caso del Camino de las Merinillas refleja algo más profundo: si queremos un municipio que avance, necesitamos pasar de la política de la foto a la política del seguimiento.

Invertir está bien.
Mantener es imprescindible.
Supervisar es una obligación.

Pozoblanco necesita una gestión que combine planificación, control técnico y responsabilidad política. Porque las infraestructuras no se deterioran solo por el uso; también se deterioran por la falta de vigilancia institucional.

Desde Izquierda Unida defendemos un modelo basado en:

  • Transparencia en la ejecución y el seguimiento de obras.

  • Exigencia rigurosa del cumplimiento de garantías.

  • Planificación preventiva del mantenimiento.

  • Responsabilidad política ante cada inversión realizada.

No se trata de criticar por criticar. Se trata de aprender de los errores y evitar que se repitan.

El Camino de las Merinillas puede y debe repararse.
Pero, sobre todo, debe servir para corregir un modelo de gestión que no puede seguir funcionando a base de reacción tardía.

Pozoblanco merece una administración que cuide lo que construye.

La RPT que nunca llega: una decisión política con consecuencias

 

Desde hace años, en Pozoblanco se viene hablando de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) como si fuera una promesa recurrente, un anuncio más dentro de la agenda municipal. Sin embargo, a día de hoy, el Ayuntamiento sigue sin contar con este documento básico y obligatorio en cualquier administración pública.

Conviene empezar por lo esencial: ¿qué es una RPT?
La Relación de Puestos de Trabajo es el instrumento que define de forma objetiva la estructura del personal de una administración. En ella se recoge qué puestos existen, cuáles son sus funciones, qué responsabilidades asumen y qué retribuciones corresponden a cada uno. No es un capricho ni una opción política: es una herramienta legal que garantiza igualdad, transparencia y justicia salarial.

Ocho años de anuncios, cero resultados

En Pozoblanco, la RPT se viene anunciando desde 2017. Año tras año hemos asistido a titulares, declaraciones públicas y compromisos que siempre terminan en lo mismo: aplazamientos. En mayo de 2025 se volvió a anunciar que el alcalde impulsaba la RPT y la VPT (Valoración de Puestos de Trabajo). Meses después, el mensaje volvió a cambiar: ahora se habla de una auditoría externa previa al Departamento de Recursos Humanos, y la RPT queda, una vez más, pospuesta.

Esta dinámica no es nueva. Siempre hay un paso previo, un nuevo estudio, una excusa técnica. Pero el resultado es constante: la RPT nunca se aprueba.

No es un problema técnico, es una decisión política

Desde Izquierda Unida queremos ser claras: la ausencia de RPT no se debe a la complejidad del documento ni a la falta de tiempo. Tras ocho años de anuncios, ese argumento ya no es creíble.

La RPT tiene una consecuencia muy concreta: limita la discrecionalidad política. Obliga a que cada puesto cobre lo que le corresponde según criterios profesionales, ni más ni menos. Establece reglas claras y evita decisiones arbitrarias en materia de retribuciones y funciones.

Mientras no exista una RPT, se mantiene un sistema en el que las decisiones pueden tomarse sin un marco objetivo común, lo que abre la puerta a desigualdades difíciles de justificar.

Los trabajadores también lo denunciaron

Esta situación no ha sido señalada únicamente por la oposición. En 2022, trabajadores y trabajadoras municipales —funcionarios, personal laboral y comité de empresa— se concentraron ante el Ayuntamiento para denunciar la falta de diálogo, el incumplimiento de acuerdos y la ausencia de avances reales en la RPT y la VPT.

En aquel momento reclamaron un cambio de actitud por parte del alcalde, respeto a la negociación colectiva y acceso a los borradores existentes. Aquella protesta dejó claro que el problema no era técnico, sino político y relacional.

Gobernar con reglas o gobernar a voluntad

No tener RPT permite gobernar sin límites claros en materia de personal. Tenerla implica aceptar reglas, transparencia y control. Y esa diferencia es fundamental para entender por qué, después de tantos años, Pozoblanco sigue sin este documento.

Una RPT no es un titular, ni una promesa, ni una auditoría. Es un compromiso real con la igualdad, la profesionalidad y el buen funcionamiento de lo público.

Desde Izquierda Unida Pozoblanco seguiremos defendiendo que el Ayuntamiento debe dejar de anunciar y empezar a cumplir. Porque no aprobar una RPT también es una decisión política, y sus consecuencias las sufre la plantilla municipal y, en última instancia, la ciudadanía.